Garantizar una transición energética justa
Los ciudadanos de la UE cuentan con derechos y protecciones energéticos específicos, además de las garantías generales de consumo. Según un Eurobarómetro de diciembre de 2025, los usuarios demandan una mayor protección para colectivos vulnerables, facturas más claras y transparentes, y el fin de prácticas comerciales desleales como el telemarketing.
Para contribuir a garantizar una transición energética justa que no deje a nadie atrás, la Comisión publicó el paquete de medidas sobre la energía para los ciudadanos el 10 de marzo de 2026, que incluye una Comunicación y un informe de síntesis adjunto.
El paquete es un paso clave para entregar energía asequible y capacitar a los ciudadanos para participar activamente en la transición energética. Establece acciones concretas para:
- Reducción de las facturas de energía de los hogares
- Proteger y capacitar a los consumidores
- Luchar contra la pobreza energética;
- Aplicar eficazmente la legislación vigente de la UE
La Comisión publicó un estudio de la Escuela de Regulación de Florencia sobre servicios energéticos innovadores, analizando la protección del usuario en todo su proceso y proponiendo mejoras regulatorias. A esto se suma un paquete de aplicación con recomendaciones para los países miembros sobre transparencia, comunidades energéticas, gestión de riesgos y protección contra desconexiones para colectivos vulnerables.
Finalmente, esta iniciativa respalda el Pacto Industrial Limpio y las estrategias de electrificación y digitalización de la UE, asegurando que estos avances se realicen siempre en beneficio del consumidor.
La UE impulsa que los consumidores se adhieran a comunidades de energía, dotando al consumidor de producir energía para uso propio o compartirla con vecinos. Resultando en un ahorro de 260 y 550 euros al año para hogares individuales y 440-930 euros para comunidades.
Para garantizar costes competitivos, las normas actuales aseguran una variedad de contratos adaptables: los usuarios pueden combinar contratos de precio fijo para el hogar con tarifas dinámicas para servicios de alto consumo, como vehículos eléctricos. Además, se mejora la información previa a la contratación y se facilita el acceso a energías renovables mediante acuerdos privados o comunidades energéticas.
Asimismo, la reforma garantiza la continuidad del suministro a través de la figura del «proveedor de último recurso» en caso de quiebra de una compañía. También se facilita el acceso a productos de cobertura y acuerdos de compra de electricidad para comunidades energéticas. Según el Plan de Acción sobre Energía Asequible, los hogares podrían ahorrar entre 150 y 200 EUR anuales simplemente optando por el proveedor más económico.
Bajo la nueva Directiva del mercado eléctrico, Directiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, los consumidores podrán acceder más fácilmente a energía renovable compartida generada por familiares, vecinos o comunidades, incluso si se produce fuera de su ubicación. Este modelo permite desvincular las facturas domésticas de la volatilidad de los precios del gas. Los participantes tienen derecho a reducir su factura en proporción a la energía que autoconsumen y pueden fijar precios para su excedente, asegurando así un retorno de inversión pudiendo suponer un ahorro anual de entre 500 y 1.100 EUR.
La legislación revisada sobre el mercado eléctrico refuerza la lucha contra la pobreza energética, obligando a los Estados miembros a proteger a los consumidores más vulnerables contra la desconexión del suministro. A mayores, en situaciones de emergencia, se dota los países de la UE para intervenir en la fijación de precios para hogares y pymes.
Los municipios son piezas clave para una transición energética justa, ya que gestionan edificios públicos y movilizan a la ciudadanía hacia acciones colectivas. Las ciudades y regiones facilitan el uso compartido de energía y la creación de comunidades energéticas mediante la agilización de permisos y el acceso a fondos regionales.
Además, los Estados miembros ponen a disposición de los usuarios puntos de contacto nacionales y herramientas oficiales para comparar contratos de energía, asegurando una mayor transparencia en el mercado.
A lo largo de los últimos años, la Comisión ha puesto en marcha varias iniciativas para mejorar la acción a nivel local, como el Centro de Asesoramiento sobre Energía de los Ciudadanos, el Pacto de las Alcaldías y el Mercado de Ciudades Inteligentes, entre otros