Como parte del Pacto Verde Europeo, la Comisión identificó la importancia de acordar un nuevo enfoque para explotar el potencial de energía renovable en alta mar de Europa de una manera sostenible e inclusiva. El programa de trabajo revisado de la Comisión confirmó que se publicaría una estrategia europea de energía renovable en alta mar antes de finales de 2020, destinada a dar una dirección estratégica para el ambicioso desarrollo e integración de este tipo de energía para 2030 y 2050.
El objetivo general de la iniciativa es facilitar que las diferentes formas de energía renovable marina, especialmente la eólica marina, pero también la energía mareomotriz y oceánica, alcancen su potencial de la manera más eficiente y competitiva, respetando al mismo tiempo el medio ambiente. Esto ayudará a todos los europeos a tener acceso a energías limpias más asequibles y contribuirá a la seguridad del suministro energético de la UE. Dado el potencial de creación de crecimiento y empleo en el sector de las energías renovables en alta mar, la iniciativa se identificó como crucial para impulsar las inversiones y el futuro despliegue en toda la UE de las energías renovables en alta mar, como lo reconoce el paquete de la UE para la recuperación de la crisis de COVID-19, basándose en el instrumento "UE de próxima generación". La iniciativa abarcará varios elementos con el fin de emprender acciones futuras para ampliar la generación, distribución y uso de energías renovables en alta mar con el fin de alcanzar la neutralidad climática para 2050. El alcance de la estrategia abarca todos los mares europeos (Mar del Norte, Mar Báltico, Mar Mediterráneo y Mar Negro) y el Océano Atlántico.
En preparación para esta nueva iniciativa, la Comisión ha publicado una hoja de ruta que describe las diferentes partes de este proceso, y ha abierto una consulta pública amplia sobre los diferentes elementos que cubrirá esta iniciativa. El objetivo es recopilar opiniones y aportaciones sobre los conceptos de una amplia gama de partes interesadas, que van desde autoridades nacionales, regionales y locales hasta empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones educativas, grupos de consumidores, organizaciones de investigación e innovación, así como los ciudadanos. La consulta estará abierta hasta el 24 de septiembre.
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