La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda publicó el pasado jueves día 14 de mayo la Resolución por la que se convoca por primera vez la Orden de ayudas para la elaboración de Planes de acción para el clima y la energía sostenible (Paces), con los que planificar y adoptar medidas que apoyen y mitiguen la lucha contra el cambio climático desde la perspectiva local.
Se trata de la primera vez que la Xunta establece este tipo de incentivos que están dirigidos a los ayuntamientos gallegos, a las entidades supramunicipales y a las agrupaciones de entidades locales, que se encuentren formalmente adheridos al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, antes de la solicitud de la ayuda.
Esta línea de actuación, que está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se convoca en régimen de concurrencia no competitiva, y está dotada de un presupuesto global de un millón de euros para el presente ejercicio. La presentación de las solicitudes se realizará únicamente por medios electrónicos, a través del formulario electrónico normalizado disponible desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia, en el plazo de un mes a contar desde mañana.
Un plan de acción para el clima y la energía sostenible consiste en un inventario de referencia de emisiones (IRE), una evaluación de riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climático; por lo que la línea de incentivos que acaba de lanzar la Consellería de Medio Ambiente sufragará los trabajos de asistencia técnica para la elaboración de los mismos, siempre y cuando -segundo requisito de la orden de ayudas- no este redactado ni aprobado.
De este modo, los ayuntamientos integran a la lucha contra el cambio climático como una de las variables que deben tener presente en la definición de sus políticas, tanto para reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética, como para adaptarse a las consecuencias derivadas del calentamiento global que está sufriendo el planeta.
Hace falta recordar que la realización de estos planes es uno de los compromisos adquiridos por los ayuntamientos gallegos firmantes del Pacto de los alcaldes para el clima y la energía, donde uno de sus compromisos es que deberán contar con un Pace en el plazo de dos años desde la adhesión. En ese sentido, la Xunta quiere apoyar las entidades a la realización de los mismos, por lo que habilita esta línea de ayudas donde la cuantía variará en función de la población y que va de los 3.000 (para ayuntamientos de hasta 2.000 habitantes) hasta los 20.000 euros, para aquellos que superen los 100.000.
Fenómeno de la actual sociedad
Uno de los problemas ambientales primordiales al que se enfrenta la actual sociedad es el cambio climático, un fenómeno de dimensiones globales que debe ser abordado en el ámbito internacional. Así, su solución pasa necesariamente por el trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad, incluidos los diferentes niveles administrativos y, dentro de estos, mención especial merece la labor de los ayuntamientos por su cercanía y relación directa con los ciudadanos.
La Comisión Europea puso en marcha en 2008 el Pacto de los Alcaldes (Covenant of Mayors), una iniciativa abierta a todas las ciudades y municipios en Europa con el objetivo de involucrar a las autoridades locales y a los ciudadanos en el desarrollo y la aplicación de la política energética de la Unión Europea.
En Galicia, la Xunta es la coordinadora del Pacto de los Alcaldes en Galicia, que puso en en marcha a Oficina Técnica de coordinación y asesoramiento, constituida en 2018 y activa desde comienzos de 2019. En estos momentos, son ya 189 los ayuntamientos adheridos, una cifra que avanza a buen ritmo y que sitúa a Galicia más cerca del objetivo final de que el 90% de los municipios gallegos estén plenamente integrados en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía a finales de este año.
Así, los ayuntamientos adheridos al Pacto de los alcaldes para el clima y la energía hacen propios los objetivos europeos fijados para el año 2030 como reducir las emisiones de CO2 en su territorio en, por lo menos, el 40%; mejorar la eficiencia energética en un 32.5% e incrementar el uso de fuentes de energía renovable un 32.5%, trabajando a su vez en la implantación de medidas de adaptación al cambio climático y aumento de la resiliencia frente a este.
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